La medida de aseguramiento impuesta contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos, señalado por presuntamente haber participado en el escándalo de corrupción judicial conocido como el 'cartel de la toga', fue ratificada en todas sus partes por esa misma alta corporación de la justicia colombiana.

La providencia se conoce luego de que los magistrados estudiaron un recurso de reposición presentado por la defensa de Bustos contra la determinación de septiembre del 2022, cuando la Sala impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el mencionado Bustos. 

En la solicitud de revisión el exmagistrado alegaba que la imposición de la medida era inconstitucional, pues vulneraba su derecho a la defensa. 

"Porque impide la discusión acerca de los presupuestos sustanciales para proferir medida de aseguramiento, con el argumento del mayor grado de conocimiento exigido para la acusación, en detrimento de la garantía fundamental de defensa", afirmó la defensa en el documento. 

Sin embargo, para la Corte Suprema, el argumento no tenía procedencia, pues no logró demostrar que la decisión de la Sala violaba conceptos contemplados en la Constitución.

"La acusación se mantiene indemne, puesto que el debate no involucró los pilares de sus requisitos sustanciales, como son: la demostración de la ocurrencia del hecho y la existencia de prueba que señale la responsabilidad del sindicado", concluyeron los magistrados de la Sala Especial de Primera Instancia. 

Loeonidas Bustos es prófugo de la justicia, se encuentra en Canadá, en donde ha comparecido a diligencias de otros implicados en el escándalo de corrupción. 

Según el expediente, el expresidente de la Corte Suprema habría recibido al menos $200 millones de pesos de un total de $600 millones para beneficiar a personas aforadas que tenían algún proceso pendiente con la justicia. 

El expresidente del tribunal supremo tiene cita con la corporación para la audiencia preparatoria, en la que se leerán las pruebas que tienen las autoridades para imputar los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias.